Las cárceles privadas son un negocio altamente rentable para las corporaciones, y eso lo sabe el presidente Trump, quien además recibió apoyo de esas empresas en su campaña electoral. Ahora junto a su colega y amigo, el presidente brasilero Jair Bolsonaro, quieren aplicar ese modelo privatizador en Brasil.
Tal es el planteamiento que hace en un artículo para la agencia Sputnik, María Luisa Ramos Urzagaste, actual embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Estado Plurinacional de Bolivia en España y quien dice que el anuncio del presidente Jair Bolsonaro sobre su plan para privatizar las cárceles hace saltar las alertas, más aun cuando ha mostrado simpatía por los torturadores e intentado deshacer la institucionalidad contra la tortura.
En su opinión considera que la ONU reconoce que el mundo padece una crisis penitenciaria a nivel global, que la ha conducido a buscar diferentes soluciones. Igualmente piensa la diplomática que por lo general o en su mayoría los gobiernos no orientan esas soluciones hacia la reforma y rehabilitación social de las personas condenadas, sino que su finalidad es simplemente castigar a las personas mediante su encarcelamiento.
LEE Y COMPARTE: PRESIDENTE MADURO EXIGE A OPOSICIÓN PRONUNCIAMIENTO CLARO EN MATERIA DEL ESEQUIBO
Así, para la también política, la población penitenciaria mundial tiene un crecimiento exponencial, lo cual hace que la privatización carcelaria sea un negocio floreciente de muy bajo riesgo, pues no están sujetos a shocks, al contrario, los problemas socioeconómicos en los países solo les aportará más ‘clientes’.
Informa, asimismo, que Estados Unidos tiene más de dos millones de personas tras las rejas, China con más de 1,6 millones va de segundo y Brasil supera los 675.000 presos. Para Ramos Urzagaste la población penitenciaria de estadounidense viene siendo la cuarta parte de los presos de todo el planeta, en tanto que Brasil en menos de 15 años duplicó la tasa de reclusos y ahora tiene 336 presos por cada 100.000 habitantes.
Considera la embajadora boliviana que las naciones buscan solucionar esta crisis y recurren a distintas modalidades y entre ellas contempla ahora la incorporación actores privados, bajo el sistema de leasing, la privatización o una mezcla de ambos.
Una industria rebosante en EE.UU.
A su modo de ver las cosas, en el caso de EEUU por ejemplo, hay 130 cárceles privadas y son dos grandes empresas las que controlan el 80% del negocio, CoreCivic (antes CCA Corrections Corporation of America) y el grupo GEO. Ambas corporaciones tienen tienen ingresos que giran alrededor de 3.500 millones de dólares a partir de 2015.
CONTINUA LEYENDO: VENEZUELA RECHAZA VIOLENCIA EN HONG KONG PROMOVIDA POR INTERESES EXTRANJEROS
Refiere en su artículo que algunos políticos estadounidenses se han pronunciado a favor de restringir el funcionamiento privado de las cárceles públicas y ante la presión mediática grandes bancos ahora entienden que ‘afecta su prestigio’ el financiar a operadores de prisiones privadas.
Es de la opinión de que la mayoría de los más de 1,5 millones de personas en las cárceles estadounidenses trabajan mientras están encarcelados y un ejemplo de ello es que la industria del trabajo penitenciario privado crece a un ritmo acelerado en esa nación por que los presos representan mano de obra barata.
Dice que se sabe de denuncias públicas sobre el trabajo obligatorio que imponen a inmigrantes detenidos que trabajan por tan solo 1 dólar diario para limpiar, cocinar, entre otras actividades.
Empresas financiadoras de campañas políticas
Un asunto claro en el artículo de la política es que las industrias hacen millonarias inversiones y consiguen un gran poder político cuando logran que sus candidatos sean congresistas e incluso presidentes, como el caso de las empresas Corecivic y Geogroup que habría financiado la campaña presidencial de Donald Trump.
Añade que el influyente senador norteamericano Marcos Rubio también tiene una historia de estrechos vínculos con la segunda compañía penitenciaria con fines de lucro más grande de EEUU, GEO Group.
Corrupción «kids for cash»
Escribe y señala que hace varios años en EEUU sucedió un escándalo conocido como «kids for cash», cuando miles de jóvenes fueron llevados ante jueces sin abogado, recibieron audiencias que duraban solo uno o dos minutos, y luego era enviados a prisión juvenil durante meses por delitos menores.
Cita que, según los fiscales, la explicación, fue la corrupción ya que jueces recibían millonarios sobornos para enviar adolescentes a centros privados de detención juvenil, a quienes los condados norteamericanos les pagan una tarifa general fija o una cierta cantidad por joven, por día.
Refirió además María Luisa Ramos Urzagaste que, un informe concluyó que después de estudiar la ‘letra chica’ de 62 contratos de empresas de prisiones privadas con gobiernos locales, el 65% contiene cláusulas que obligan al estado a garantizar una ocupación mínima del 80-100% de las camas, aunque la tasa de criminalidad disminuya.
Añade que, en general es tal el escándalo que algunas empresas financieras, como el BNP Paribas de Francia dijo que «ya no financiará a los operadores de prisiones privadas de EEUU» en su intento de distanciarse de la controversia sobre las políticas de detención de la administración Trump.
El polvorín superpoblado brasilero
Indica la información que la violencia, las masacres, los motines son moneda corriente en las cárceles brasileras y su sistema penitenciario ha sido caracterizado como «un polvorín, superpoblado, insalubre, listo para explotar en cualquier momento».
Sobre el tópico añade que el ministro de Infraestructuras de Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, presentó al secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, más de 40 proyectos de privatizaciones y concesiones, donde se incluye el negocio de cárceles privadas.
Relata asì que, tomando en cuenta que Brasil cuenta con una población penitenciaria aproximada de 700 mil personas, las empresas privadas norteamericanas, amigas de Trump, tendrían garantizado el negocio.
Las empresas carceleras en Uruguay, Chile y Argentina
Por otro lado, destaca que, en Latinoamérica, está el caso de Uruguay pues al amparo de la Ley de Contratos de Participación Público-Privada de 2011 se construyó una cárcel donde el Estado invirtió más de 90 millones de dólares con un pago de 20 millones anuales durante 20 años a una empresa.
A los pocos meses, cita la embajadora, los presos en la cárcel Punta de Rieles se quejaron que el Consorcio Unidad Punta de Rieles SA no garantiza los derechos de los privados de libertad, por lo que realizaron una huelga de hambre en reclamo por las condiciones de reclusión y contra el lucro de la empresa que gestiona el lugar.
Es importante conocer que el Consorcio a cargo de brindar servicios en dicha cárcel está integrado por Abengoa Teyma, que, en conjunto con otros grupos está a cargo de servicios como el mantenimiento, limpieza y alimentación.
Refresca la memoria y apunta que la transnacional española Abengoa fue una nefasta protagonista de la llamada «guerra del agua», cuando se privatizó el líquido elemento vital para la vida, en Cochabamba, Bolivia y la empresa incrementó las tarifa, más de 200%, lo que ocasionó un gran rechazo popular. No obstante el desastre social causado, Abengoa se atrevió a exigir multimillonaria indemnización.
Adicionó el caso de Chile y dijo que la ejecución de cárceles a través del modelo de concesión a privados fue planteada en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. En una evaluación de este sistema, el ministro de Justicia del pais andino, Hernán Larraín señaló que «el resultado desde el punto de vista de la reinserción, que es el indicador para ver el éxito, es cero».
En cuanto a Argentina, -señala- la sobrepoblación en cárceles es tal, que garantizaría que el ‘negocio’ sea lucrativo. Así lo saben varios de los interesados en el negocio público-privado, compuesto por empresarios españoles, mexicanos y la empresa china Huawei.
Añade que al amparo del modelo macrista de contratación mixta entre el Estado y capitales privados, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal se ocupa de construir una cárcel-fábrica donde la empresa privada «comercializará el producto del trabajo de los reclusos, cuyas utilidades compartirá con el estado provincial».
Los falsos dilemas: Atención estatal vs. privatización
A su modo de ver las cosas, la crisis de la justicia, los problemas socioeconómicos y la crisis del sistema penitenciario han generado una especie de falso dilema: atención estatal versus privatización.
La experiencia demuestra en distintos países que el modelo privatizador es muy eficiente en términos de su rentabilidad privada y beneficia a la corporación a cargo, pero no lo es en términos sociales ni para la salud del país en general.
Por otro lado, es claro que un país con altos índices de delincuencia, con justicia corrupta, políticos involucrados en negocios privados, pero más grave aún, sociedades adormecidas, sin proyectos políticos esperanzadores, son la presa fácil para estos esquemas.
En un tema tan delicado como este, la pregunta de fondo es, ¿cuál debe ser el rol del Estado? Algunos proponen que su actividad debe limitarse a regular actividades, otros consideran que no debe delegar sus funciones al sector privado.
Lo que queda claro -dice finalmente- es que el estado actual de la administración pública, que es la encargada del gestionar parte del Estado, no responde a los retos actuales y ese es un desafío importante que tienen las sociedades.
Ciudad VLC/AVN
