El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil rechazó este 6 de marzo el recurso de Hábeas Corpus introducido por los abogados del ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) le queda aún el Tribunal Supremo como última posibilidad de esquivar la prisión en las próximas semanas.
De momento, la aplicación de la condena está paralizada porque la defensa de Lula presentó un recurso ante el propio tribunal que la dictó. Pero esa acción es apenas una maniobra para ganar tiempo, ya que se trata de un tipo de recurso que no permite cuestionar el fondo de la sentencia sino solamente pedir aclaraciones sobre los argumentos que llevaron a la condena.
Pese a esta derrota, Lula aún tiene la posibilidad de ir al Supremo y allí todo indica que se encontrará con un panorama bastante más favorable a sus intereses. El máximo tribunal de Brasil decidió en octubre de 2016 que los condenados en segunda instancia -como es el caso del ex-presidente- pueden ser encarcelados de forma provisional. Pero la decisión se tomó por un estrecho margen, seis votos contra cinco. Y al menos uno de los magistrados que entonces apoyó la medida ha venido declarando en las últimas semanas que podría cambiar de opinión. Curiosamente, ese magistrado, Gilmar Mendes, mantiene una fuerte afinidad política con la derecha, aunque desde hace tiempo se ha erigido también en uno de los principales críticos de la Operación Lava Jato, la gran investigación contra la corrupción en Brasil, por entender que los jueces están vulnerando derechos de los acusados.
Persecución política contra Lula
A lo largo del proceso que finalmente condenó al ex-presidente a 12 años de prisión, los miembros del Ministerio Público y el juez intentaron demostrar que Lula sería el dueño de un apartamento triplex en Guarujá, municipio del litoral del estado de São Paulo, pero aún no presentaron pruebas. Ninguno de los 73 testigos escuchados en las 23 audiencias realizadas afirmó ningún hecho que relacione la propiedad del inmueble con Lula. Solo hubo confirmaciones de que Lula visitó el apartamento una vez, pero nunca pasó la noche o el día allí o tuvo las llaves del inmueble.
Pero es necesario comprender que el supuesto acto de corrupción de Lula no tiene que ver con tener o no un apartamento, sino con recibir ese apartamento como ventaja indebida por haber practicado un acto de corrupción pasiva cuando fue funcionario público (presidente del país). En términos legales, la corrupción pasiva presupone que el funcionario público realice o deje de realizar un acto de su competencia y reciba alguna ventaja como contrapartida por ello. El juez tendría que identificar el acto específico del ex presidente Lula a partir del cual podría haber recibido una ventaja – el apartamento triplex-. Pero, durante el juicio, nunca se consiguió identificar cuál fue ese acto y tampoco existen documentos que comprueben que el apartamento le pertenece.
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La decisión de este martes del TSJ, aun cuando no es concluyente, pone en peligro la pre-candidatura del candidato del PT, quien se mantiene liderando todas las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo.
Ciudad VLC/Con información de telesurtv.net, elpais.com y rebelion.org
