Con el tema de Derechos Humanos al «chavismo» le pasa lo mismo que con el de la corrupción, y con el argumento de que hablar mucho de eso «le hace daño al proceso» la mayoría decide guardar silencio.

 

Para no alargar éste comentario sin necesidad hagan memoria de lo que se decía y veía hace 10 años sobre Cadivi: era obvio y evidente que lo que había ahí era un fraude gigantesco. Pero nadie (o casi nadie) se atrevió a decir nada.

 

Algo similar ocurría ya para esos años en PDVSA y la consecución de tan estruendoso silencio en gran medida la estamos pagando ya hace rato con la dramática caída de la producción petrolera.

 

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Graves consecuencias personales

Por supuesto, en justificación de tal omisión habría que alegar las graves consecuencias personales que podría acarrearle al denunciante hacer señalamientos «sin pruebas» contra Rafael Ramírez o contra algún jefe de Cadivi.

 

Las mismas que podrían sufrir (y están sufriendo) quienes reportan irregularidades o apenas piden explicaciones ante la avalancha de «alianzas estratégicas» para privatizar a título gratuito activos industriales del Estado.

 

Por sólo mencionar un caso, la privación de libertad por dos meses de los comuneros que denunciaron la entrega de una planta de Arroz del Alba en Portuguesa al grupo empresarial Agroinlaca.

 

La lógica que mueve la corrupción y la violación de DDHH es la misma literalmente pues el objetivo es poner al aparato de gobierno al servicio de intereses particulares.

 

En el caso de la corrupción lograr que las decisiones de la burocracia como la adjudicación de un contrato, la aprobación de un permiso o la asignación de recursos o privilegios favorezca a quien esté «comprando» al funcionario decisor. Es decir, la persona que en nombre de todos ejerce competencias que son exclusivas del Estado (de éste Estado que ineludiblemente está al servicio de la burguesía pero que al mismo tiempo debe actuar como «árbitro» entre los distintos grupos de esa misma burguesía).

 

Competencias del Estado

Por supuesto (ya entrando en el tema de DDHH) una de las competencias exclusivas o monopolios que se le reconoce al Estado es el del ejercicio de la violencia y de la administración de justicia dirigido a la preservación del orden.

 

Es decir (simplificado al extremo) si usted como particular tiene la capacidad de poner a su servicio un organismo de policía, las posibilidades de ganarle a la competencia se multiplican exponencialmente.

 

Recuerde que las policías no sólo poseen recursos materiales y autorización legal para el uso de la fuerza, sino que son la primera estación para la activación del aparato de administración de justicia.

 

Pasan situaciones como las de José Ramón Rodríguez

Y entonces pasan situaciones como la de los comuneros de Portuguesa, o la de la captura de José Ramón Rodríguez (que hay que revisar qué intereses de la burguesía local tocó, a lo mejor sin saber que lo estaba haciendo), o incluso el homicidio del conspirador Rafael Acosta Arévalo en la DGCIM (comprobadamente ligado a un grupo parapolicial al servicio de «empresarios» hípicos).

 

Para no entrar en tanto detalle (que pueda incomodar a alguien) nótese como se repite la actuación de algunos organismos de seguridad o de investigación en procedimientos que no están directamente ligados con su área de competencia. Y donde es evidente la existencia de un conflicto sobre un bien o recurso productivo: puede ser una planta de arroz del Estado, un latifundio o una montaña con minerales que garanticen un inmediato enriquecimiento a quien obtenga el derecho de explotación.

 

Así que no se preocupen quienes se quedaron callados ante la detención de José Ramón Rodríguez. Su actitud es comprensible y el derecho al miedo debería ser el primero de los derechos humanos a proteger.

 

Y tampoco se angustien quienes pudieran estar detrás de actuaciones como esas. Aunque probablemente lo sabemos no vamos a decir nada. El derecho al miedo también es nuestro.

 

 

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Víctor Hugo Majano/@vhmajano

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