La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez presentó pruebas sobre la implicación de Ricardo Ramos D’Agostino -hijo del diputado opositor Henry Ramos Allup– en un esquema de corrupción para estafar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y favorecer a 27 empresas petroleras
La vicepresidenta mostró evidencias de la actuación del ilegítimo procurador José Ignacio Hernández -nombrado por el opositor Juan Guaidó– para favorecer a Ramos D’Agostino y a su socio, Francisco Morillo.
Indicó que Pdvsa y la República tienen un caso judicial abierto en Estados Unidos y Suiza por un fraude contra la estatal petrolera de más de 10.000 millones de dólares. El principal promotor del fraude es Morillo, y Hernández es, o al menos fue, su abogado.
La vicepresidenta detalló que durante 10 años, Morillo y un conjunto de empresas petroleras tuvieron acceso a toda la información de la estatal petrolera venezolana que circulaba por sus redes internas, y que fue desviada hacia Miami, Estados Unidos; Panamá y Suiza.
Es por ello que se abre el caso judicial a petición de Pdvsa y la República Bolivariana de Venezuela en EEUU y Suiza, contra Morillo.
«Eso explica por qué en tres oportunidades el diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Henry Ramos Allup, introduce tres proyectos de acuerdo para que fuese declarado usurpador el legítimo procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, y fuese sancionado por el gobierno de Estados Unidos», apuntó.
El interés de Ramos Allup en el caso es que uno de sus hijos es socio de Morillo. Existen documentos que demuestran que Ramos D’Agostino ayudó a Morillo a lavar parte del dinero del esquema de corrupción.
Los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional en desacato fueron llevados a los juicios que cursan en EEUU para evitar que Morillo fuese juzgado, en el PDVSA US Litigation Trust. También Hernández envió abogados a Suiza para intentar cerrar el caso «en nombre de Venezuela».
«Esta trama criminal fue el resultado de un pacto entre Guaidó, el prófugo de la justicia Leopoldo López y Ramos Allup», apuntó la vicepresidenta.
La vicepresidenta anunció que fue solicitado al fiscal general de la República, Tarek William Saab, que se determinen las responsabilidades penales en estos casos.
Igualmente, informó que el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, interpondrá una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia para que le sea retirado el título de abogado a José Ignacio Hernández.
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