Imaginando un gobierno guaidoísta… La derecha extrema, la más comprometida o subordinada a los gringos, no quiere diálogo ni negociación, muy a pesar de sus posturas para lavarse la cara, tal como ocurrió en anteriores oportunidades, particularmente durante las últimas conversaciones de Santo Domingo y Oslo; asimismo lo demuestra en los inmediatos y contundentes ataques, lanzados desde Globovisión y sus periodistas, al recién anunciado diálogo entre una “minoritaria” y moderada oposición y el Gobierno Bolivariano.
Los extremistas siguen esmerados en una salida total y ya del Gobierno Bolivariano, por supuesto, con la respectiva caída y mesa limpia de todo lo que significa institucionalmente el estigmatizado chavismo.
Así se lo ordenaron desde la White House y ellos dicen: «¡Cúmplase!». A estos opositores no les queda otra que empeñarse en la cero claudicación y, para ello requieren el pleno control de las acciones opositoras como única fórmula para hacerse de un gobierno que les permita poner en práctica exitosamente las políticas (negocios) anunciadas, y las ocultas, sin ningún obstáculo; están claros que las ocultas tendrán el mayor rechazo nacional.
Ante esta situación cabe una gran pregunta: ¿el hipotético gobierno guaidoísta tendrá las condiciones jurídico-políticas sin traumas ni conflictos importantes para poder gobernar a la Venezuela Bolivariana con los/as chavistas haciendo oposición? Veamos:
El primer y más importante escollo para un gobierno guadoísta estaría en la premisa de bajo cuál basamento constitucional gobernarían los extremistas, después que éstos, con su principal pretexto tumba gobierno, lo sustentan en la cacareada violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte del supuesto “usurpador” Nicolás Maduro, cuando ellos, asumiéndose como los paladines restauradores del orden constitucional vulnerado, han dejado el pellejo para garantizar del todo en su contenido y práctica.
Lo segundo y no menos importante está referido a la sumisión -acuerdos de cooperación y relaciones internacionales negociados con los 50 países “libertadores” (acreedores de guerra) que encabezan los Estados Unidos, nación que a viva voz y sin tapujos han dicho que el nuevo gobierno tendrá que pagarles hasta el despeinado sufrido, o la cara de culo, puesta por Trump cuando se refiere a la Venezuela Bolivariana y al gobierno del «tirano Maduro», deuda que bajo ningún concepto condonarán, menos ahora con el riesgo y la incertidumbre que corren estos 49+1 países (ahora parecen que son menos), en ocasión de los tambores de guerra que suenan en el Golfo Pérsico y la probabilidad cierta de quedarse sin petróleo.
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Un tercer embrollo lo tendrá un supuesto gobierno guaidoísta en la propia garantía constitucional sobre los derechos humanos, que, estando consagrados transversalmente por la Constitución Bolivariana desde su Preámbulo hasta las Disposiciones Transitorias, es un punto bastante papacaliente, pues, además de haberles servido como excusa para todas las tropelías opositoras, guarimbas, guayas, gasolina y yesqueros quema gente, exigencias de libertad para los “distintos pensadores” políticos presos, condena a la censura, autocensura de medios y demás maltratos a la libertad de expresión, también les ha sido útil para la cacareada represión policial y militar contra los/as indefensos/as y pacíficos/as manifestantes, víctimas de la despiadada política «del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro»…
Han de existir otras circunstancias que habrían de ser previstas por el derechista “nuevo gobierno guadoísta” para mantener su permanencia, pero solo referiré otra más que creo igualmente importante: el Poder Popular. Los derechistas empezaron a utilizar el término “sociedad civil”, el término que fuera definido por la Universidad Católica Andrés Bello, en su condición de principal tanque pensante de la igual derechista Conferencia Episcopal venezolana, lo que logró contaminar a una buena cantidad de eruditos e intelectuales, tirios y troyanos, izquierdistas y del centro, quienes se habían quedado rezagados y atrapados bobamente por los nuevos conceptos o categorías sociológicas impuestos por la intelectualidad gringa (financiados por la CIA) que sustituían el histórico concepto de Movimiento Popular en las postrimerías cuarto-republicanas.
Por otro lado, viéndose en el horizonte cercano la inevitable debacle puntofijista y la posibilidad real de explosión popular, empezaron a desestimar el concepto de “pueblo organizado” para colocar a la genérica sociedad civil, que se movía en los círculos de poder empresarial, mediáticos, religiosos, gremiales con méritos y cracias, cuando, en sentido contrario, en las calles, fábricas, campos y demás comunidades populares se vislumbraba la recuperación activa del pueblo a finales de los años ’80 del siglo pasado.
Por otro lado, un gobierno guaidoísta no podrá guardarse manteniendo lo participativo y protagónico que recoge la vigente Constitución Bolivariana, votada por el 60 % en 1999 y defendida por los venezolanos restantes durante propuesta la reforma en diciembre del 2007, así como las leyes del Poder Popular que le dan fuerza y movilidad a las comunidades organizadas para ser proyectistas y ejecutoras de políticas socioeconómicas; de la misma forma que da poder para controlar, vigilar, supervisar, revocar, no aprobar, accionar jurídica y administrativamente contra las acciones y políticas de gobierno en todas las instancias -artículos 141 y 143-, todo en función de que apunten en dirección correcta.
A todas luces, ese supuesto nuevo gobierno guaidoísta tendrá que bailar al son que le toquen los consejos comunales, comunas y demás organizaciones gregarias, donde la fuerza del chavismo con todas sus especificaciones estará desplegada y apresta en los territorios populares, donde seguramente confluyan soldados y civiles, que indiscutiblemente harían uso de las libertades democráticas para oponerse en las calles a los esperados desmanes del nuevo gobierno.
Ante todas estas premisas caben otras interrogantes, esta vez las relaciono con la voluntad y la condiciones reales y necesarias con las que tendría de contar el alfombrado y mueve colita gobierno, pregunto: ¿Qué fuerza institucional policial y/o militar y bajo qué jefatura sería con sus héroes desertores convertidos en mercenarios?; ¿con cuál Fiscal General, Luisa Ortega? ¿Cuál Defensor del Pueblo, cuál TSJ?, ¿los prófugos y en el exilio?
Asimismo, ¿qué harán o dirán más allá de la mediática que encabezaría Plomovisón con la excusa de no generar “más angustias”, al mejor estilo de ”el solidario juancho” del 12 de abril 2002, con el colofón que conllevaría al cierre automático de TeleSur, Catia TV y demás medios impresos, televisivos y radiales al ser calificados de canales delictivamente chavistas como ocurrió recientemente en Ecuador?; eso sí, ese nuevo gobierno tendría que inventarse una de vaqueros para que no se vea o se sienta que sus acciones signifiquen el cercenamiento del derecho, para la fuerza popular chavista, de manifestar pacíficamente cuando ésta exija, en la calle, el cumplimiento y la vigencia de la República Bolivariana de Venezuela y, por ende, el respeto y progresividad de los derechos del Pueblo.
