Por más de dos años, trabajadores de la empresa Ondaflex, ubicada en la Zona Industrial de Valencia, han esperado la firma de su nueva contratación colectiva, tiempo en el cual han agotado todos los recursos administrativos con instancias patronales y laborales sin tener respuesta satisfactoria hasta la fecha.
José Villalonga, presidente del sindicato de los trabajadores de Industrias Ondaflex, manifestó que este viernes levantaron una protesta pacífica para ratificar que quieren trabajar, en condiciones seguras y con una remuneración justa, situación que no se ha garantizado por parte del patrono, aseguró.
“Introdujimos hace cinco meses un pliego conflictivo en la Inspectoría del Trabajo, pero lo que hemos recibido como respuestas son ataques y mamadera de gallo”, agregó Villalonga.
El trabajador aseguró que las condiciones de la planta no están dadas para laborar de manera segura, situación que ha sido certificada por inspectores del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), organismo autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, y también por los bomberos del estado Carabobo. Pese a esto, el patrono exige que deben laborar.
Ni salario mínimo…
Por otro lado, un total de 63 trabajadores que se mantienen activos en la industria, reciben como remuneración menos del salario mínimo, 42 mil bolívares semanales, lo que no cubre ni los gastos de pasaje, ni mucho menos comida, tampoco cuentan con comedor. Dada la poca remuneración, son pocos los que tienen la dicha de llevar alimentos para mantenerse activos en la jornada.
“La empresa tiene materia prima desde el 2014 pero no han querido meterle la mano a la fábrica para producir con seguridad. Nosotros queremos trabajar pero ellos solo insisten mantener un juego macabro de hambre y desesperanza con los trabajadores”, afirmó Villalonga trabajador de Ondaflex.
Por su parte, Edgar Geyli, quien labora como flejador en la industria Ondaflex desde hace 16 años, afirmó que ha notado cómo el patrón utiliza la guerra económica, como método de amparo para que los trabajadores no obtengan el contrato colectivo que se merecen.
Según Geyli, el alegato patronal es que no hay dinero, pero se producen colchones que se expenden en 9 millones de bolívares y hasta más, mientras los trabajadores se mueren literalmente de hambre, afirmó.
María Alejandra Guevara Chirinos / Ciudad Valencia
Fotos Arístides Córdova
