Desde hoy y hasta el próximo jueves, tres jueces del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales revisarán la apelación hecha por el Gobierno de Venezuela de la sentencia del juez inglés Nigel Teare, que autorizó a los agentes de Juan Guaidó gestionar 32 toneladas de oro, valoradas hoy entre 1.800 y 2.000 millones de euros.
De acuerdo con Leigh Crestohl, abogado del despacho británico Zaiwalla & Co, que representa al Banco Central de Venezuela, en declaraciones a Sputnik, en este caso se abordan “cuestiones constitucionales de importancia pública que una u otra de las partes probablemente querrá elevarlas al Supremo”.
«Parece una sentencia fuerte a simple vista, pero realmente es muy superficial y no está razonada con profundidad», dijo.
La defensa del BCV cuestionará en la apelación el poder del Ejecutivo británico para hacer una declaración (reconocer a Guaidó), sin la participación del Parlamento, que afecta a la política interna de un país extranjero.
Recordó que el Tribunal Supremo de Venezuela declaró ilícita la junta directiva ad hoc del BCV, lo cual “suscita importantes cuestiones de derecho público internacional”.
«Debe haber un límite constitucional en el poder del gobierno para ejercitar su prerrogativa [porque] no es prerrogativa de un Ejecutivo actuar de una forma contraria a la legislación internacional, como lo es la intervención en los asuntos internos de un Estado extranjero», indicó el abogado.
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