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La Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recibió este lunes un estudio de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz, que determinó que cerca del 50% de las víctimas de la violencia insurreccional activada entre abril y julio de 2017 era ajena a las acciones sediciosas promovidas contra el Estado venezolano.

 

«Casi el 50% de las víctimas fatales no participaban de este tipo de alteraciones del orden público, donde desgraciadamente se comprometió su vida por el simple hecho de estar pasando en el paso de la guarimba, donde se había impedido la libre circulación», indicó este lunes la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, desde la Casa Amarilla, en Caracas.

 

Allí, agregó las acciones de corte sedicioso, que incluían confrontaciones contra los órganos de seguridad, se desarrollaron en el 13% del territorio nacional.

 

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Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC.

«En la mayoría de los municipios donde se cometieron este tipo de delitos, donde se cometieron graves alteraciones del orden público, sus mandatarios, eran y son en algunos casos, militantes de partidos de la derecha venezolana», explicó Rodríguez, en transmisión de VTV.

El informe de la organización también refiere que la espiral de violencia pretendía el derrocamiento del gobierno constitucional, encabezado por Nicolás Maduro, y terminar perturbando la paz de los venezolanos.

 

Omisión para la impunidad

Entre los resultados del trabajo presentado por la Red de Apoyo por la Justicia y por la Paz destaca la ausencia de las investigaciones por parte del Ministerio Público (MP) entre abril y julio, periodo en que la instancia del Poder Ciudadano estaba a cargo de Luisa Ortega Díaz.

 

Se trata de una inactividad «que promovió la impunidad, que se cometieran hechos de esta naturaleza», precisó la presidenta del Órgano Plenipotenciario.

 

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En el informe también se reseña la responsabilidad de agentes del Estado que de «forma aislada y atendiendo motivaciones personales, pudiesen haber incurrido en alguna violación de Derechos Humanos». Los responsables de esos delitos fueron puestos a la orden de la justicia, para ser debidamente procesados.

 

Ante los resultados del documento y de las investigaciones hechas por la comisión, los miembros de la instancia están «comprometidos con la reconstrucción de los hechos, para determinar la verdad, el origen y la finalidad de estos hechos violentos».

 

Ciuadd VLC/AVN