La Alta Comisionada para lo Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, retrasó la publicación de un informe de una base de datos de empresas que realizan negocios con los sectores palestinos ocupados por Israel en Cisjordania, por lo que fue acusada de favorecer a Israel y a sus aliados.

La noticia causó la indignación de organizaciones de derechos humanos que desean que el informe sea publicado de inmediato, pero en cambio fue elogiada por las organizaciones que apoyan a Israel.

La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas trabajó durante tres años para recabar esa base de datos de empresas que permiten, apoyan o sacan ventaja directamente de los asentamientos, que se consideran ilegales según el derecho internacional.

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Organismos de Derechos Humanos denuncian la ilegalidad de los asentamientos judíos en territorios palestinos.

Esa instancia ya estaba bajo un intenso escrutinio debido a retrasos previos en la publicación de la base de datos. Israel y sus aliados temen que esa información se utilice como una lista negra para boicotear o penalizar a las empresas que hacen negocios en los territorios ocupados. Y a algunas compañías les preocupa que la base de datos pueda establecer un peligroso precedente al hacer que las empresas rindan cuentas sobre cuestiones de derechos humanos que escapan a su control.

 

Congreso Judío Mundial expresó su “profunda gratitud” a Bachelet

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo de 47 miembros que a menudo es acusado de tener un sesgo contra Israel, votó en 2016 para ordenar la creación de la base de datos. En una carta al presidente del consejo que se dio a conocer este cinco de marzo, Bachelet dijo que necesitaba más tiempo para analizar la situación “debido a la novedad del mandato y su complejidad jurídica, metodológica y objetiva”.

La ex mandataria chilena dijo que tenía la intención de cumplir con la publicación de la base de datos “en los próximos meses”, pero no estableció una fecha.

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El ejército judío obliga a los palestinos a abandonar sus casas, las cuales serán destruidas para construir los asentamientos judíos, solo para judíos.

El Congreso Judío Mundial expresó su “profunda gratitud” a Bachelet por haberse abstenido de emprender una acción que, según esa organización, podría afectar los medios de vida de israelíes y palestinos. El congreso aseguró en una declaración el martes que la publicación no solo debe posponerse, sino cancelarse en su totalidad”.

Sin embargo, Human Rights Watch, una organización de derechos humanos con sede en Nueva York, condenó la decisión y pidió a Bachelet que se comprometiera a fijar una fecha para publicar la base de datos.

La descarada expansión de los asentamientos ilegales por parte de las autoridades israelíes subraya por qué debe publicarse la base de datos de empresas estadounidenses que facilitan estos asentamientos”, dijo en un comunicado Bruno Stagno Ugarte, uno de los directores de Human Rights Watch. “Cada retraso refuerza aún más la participación de las empresas en los abusos sistemáticos de los derechos, una situación ocasionada por los asentamientos ilegales” añadió.

EE.UU. condenó el trabajo de la Comisión

Estados Unidos ha condenado el trabajo en la base de datos por estar fuera del mandato de la oficina de derechos humanos y lo considera como un indicador del sesgo profundamente arraigado del Consejo de Derechos Humanos contra Israel. Las autoridades estadounidenses dijeron que esa tendencia fue una de las principales razones de su decisión de retirarse del consejo el año pasado.

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La ONU ha denunciado en reiteradas oportunidades la ilegalidad de los asentamientos judíos en Palestina.

El predecesor de Bachelet, Zeid Ra’ad al-Hussein, también retrasó la publicación de la base de datos, citando la falta de recursos. Pero el año pasado emitió un informe preliminar que reveló que la oficina estaba examinando las actividades de más de 200 compañías que hacen negocios con los asentamientos, incluidas 143 con sede en Israel y 22 en los Estados Unidos.

¿Estará sucumbiendo Bachelet ante la presión política?

Los grupos de derechos humanos que supervisan el progreso de la investigación creen que la oficina de Bachelet ya terminó su trabajo en la base de datos y no ven ninguna razón para que no se divulgue, según el mandato del Consejo de Derechos Humanos.

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El Ejército israelí ha desalojado a millones de palestinos de sus hogares y tierras, violando sus derechos humanos.

Sin embargo, los funcionarios de Naciones Unidas dijeron que siguen recibiendo información sobre las empresas en los territorios ocupados y que la base de datos debe modificarse para tener en cuenta los cambios en la conducta de las empresas.

Cuando modifican su desempeño, tenemos que tomar eso en consideración al elaborar el informe final”, dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas.

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Bachelet no está sucumbiendo a la presión política, aseguró Shamdasani y agregó que la publicación no puede demorarse indefinidamente, pero “tenemos que hacerlo bien, y lo publicaremos cuando lo hayamos hecho bien”.

 

Ciudad VLC/Tomado de The New York Times

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