La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó que la Corte Penal Internacional (CPI) abrió examen preliminar sobre denuncia de Venezuela contra el gobierno de Estados Unidos, por las consecuencias de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas contra el país.
«La Corte Penal Internacional el 19 de febrero abrió un exámen preliminar sobre esta grave denuncia que presentó Venezuela en la Haya, ya existe el examen preliminar y luego eso va a derivar en una investigación», detalló Rodríguez durante una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores.
En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, la vicepresidente Ejecutiva aseveró que en esta primera etapa el Gobierno Nacional está demostrando con números el impacto que ha causado en cada sector de la población las medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno estadounidense contra Venezuela.
En este sentido, anunció que en los próximos días, el ministro de Relaciones Exrteriores, Jorge Arreaza, presentará a la Corte Penal Internacional un total de 27 informes.
En cada informe se exponen las dificultades del Estado venezolano para la adquisición de medicamentos, equipos médicos e insumos, así como vacunas, que atentan contra el derecho a la salud de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Venezuela adelantó denuncia ante la CPI
El pasado 13 de febrero, el Gobierno Nacional presentó ante la CPI una denuncia para que se investiguen los delitos cometidos contra la población por parte del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
La denuncia presentada por Venezuela ante la Fiscalía de la CPI indica que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense desde al menos el año 2014, constituyen un crimen de Lesa Humanidad, previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Las declaraciones se dan un día después de que el gobierno de Estados Unidos informara sobre la renovación de la orden Ejecutiva de Estados Unidos que declara a la nación como una «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad del país norteamericano.
Dicho decreto, ha permitido al Gobierno estadounidense aplicar medidas coercitivas a Venezuela.
Estas han causado a la nación un perjuicio financiero de 116 mil millones de dólares, y que impide adquirir medicinas, alimentos, semillas para la agricultura, tecnología para telecomunicaciones; e interviene en las importaciones públicas y privadas.
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Ciudad VLC/AVN
