El asesor de seguridad nacional John Bolton anunció el pasado 7 de junio, nuevas acciones coercitivas contra petrolera nacional PDVSA, y amenaza con «sancionar y extorsionar» a las empresas que negocien con la principal empresa del país.
Según fue publicado en un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se suspenden las licencias para la importación de diluyentes y aditivos químicos para la industria petrolera nacional.
Un funcionario que habló en condición de anonimato entrevistado por Reuters, indicó que «el cambio de tono pone a las compañías internacionales en alerta de que cualquier compromiso o transacción continuada en relación con la venta de diluyentes a PDVSA puede estar en riesgo o sujeto a posibles sanciones futuras».
De esta manera, Estados Unidos se abroga el derecho de extorsionar con «sanciones» a empresas que mantienen relaciones con la estatal PDVSA.
¿Qué buscan estas nuevas sanciones?
Esta medida busca afectar la adquisición de químicos como la nafta, que tienen el propósito de hacer maleable el crudo extrapesado venezolano, facilitar su traslado para la exportación y sostener el mercado interno de combustibles.
La venta de diluyentes a Venezuela comenzó a decaer en su mercado habitual de adquisición, en Estados Unidos, desde las sanciones de agosto de 2017.
La acción refuerza el veto de Venezuela en los mercados energéticos internacionales y tiene como propósito no sólo fabricar una crisis de combustibles en el país, dada la dependencia relativa de su estatal petrolera con aditivos importados para sus refinerías, sino reducir las exportaciones petroleras con las que se sostiene económicamente la nación.
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