Gracias al incremento salarial anunciado el pasado 30 de abril, por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, Venezuela consolida un nuevo sistema de protección social.
Frente a los efectos de la guerra económica, que se expresa en el bloqueo internacional sobre las cuentas del país y la especulación comercial interna, el Ejecutivo Nacional ha velado por contrarrestar su impacto sobre la población venezolana con medidas que van desde la preservación del salario hasta la aplicación de medidas complementarias.
Para el ministro del Poder Popular para el Trabajo, Néstor Ovalles, la cantidad de decretos de aumentos salariales suman 44 desde 1999, con la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, 22 de los cuales han sido anunciados por el actual Jefe de Estado.
Esta cifra coincide con los análisis descritos por analistas como Pascualina Curcio, investigadora de la Universidad Simón Bolívar, quien refiere que estas acciones, como la subida exagerada de marcadores paralelos e ilegales del dólar, se han intensificado en los últimos cinco años, tiempo de mandato del presidente Maduro.
Como consecuencia directa de esta corrida cambiaria, los precios de casi todos los rubros de consumo en el país se disparan en los establecimientos comerciales, aunado al acaparamiento por parte de empresarios inescrupulosos, una estrategia que busca el derrocamiento del gobierno legítimo.
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Contra el bloqueo
El ajuste en el ingreso mínimo legal de los trabajadores venezolanos ha sido una política reivindicativa del proyecto bolivariano, que en medio de la vorágine especulativa, se ha intensificado como medida de defensa del salario frente a la inflación inducida.
Sin embargo, las acciones externas que apuntan al aislamiento de la patria de Bolívar también recrudecen con el bloqueo financiero mediante la proveedora de servicios financieros Euroclear, que en noviembre de 2017 retuvo 1.650 millones de dólares de Venezuela que serían destinados a la compra de alimentos y medicinas. Mientras que desde las grandes corporaciones mediáticas internacionales se insiste en la necesidad de aplicar una “ayuda humanitaria” sobre el país suramericano, pese a que desde los centros económicos globales impiden su acceso a formas de financiamiento o el pago para servicios de deuda o compra de rubros esenciales.
“Lo que ellos (gobiernos occidentales) llaman ayuda humanitaria es pura manipulación para hacerle daño a Venezuela. Si quieren ayudar, entonces desbloqueen nuestros recursos. Nosotros no somos mendigos de nadie“, exclamó el mandatario venezolano.
Contra estas acciones, el Ejecutivo Nacional ha implementado medidas alternativas que rompen con estas pretensiones, como la creación del Petro, que luego de la Oferta Inicial, ha recabado 3.389 millones de dólares en ventas.
Carnet de la patria: la estrategia social
Desde principios de 2017, el Carnet de la Patria comenzó a adquirir un nuevo protagonismo luego de su creación.
Con este instrumento, el cual posee más de 16 millones de venezolanos, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha nuevas medidas de protección de carácter complementario al ingreso del trabajador.
Esta herramienta tecnológica utiliza el código VeQR y una plataforma online que ha permitido abordar de forma más eficaz y amplia las necesidades de quienes están inscritos.
De este modo se ha creado un nuevo sistema de bonificaciones sociales, se ha incrementado el número de viviendas asignadas por medio de la Gran Misión Vivienda Venezuela y se logró, más recientemente, el 100% de adultos mayores pensionados.
Por otra parte, se han fortalecido los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), por medio de los cuales se suministran alimentos a seis millones de familias mensuales, entre otros, son parte de esta respuesta social.
Participación y fiscalización para la protección
Durante la gran manifestación de los obreros venezolanos para conmemorar el Día Internacional del Trabajador, han resurgido propuestas para que este sector y el pueblo en general tenga mayor participación en los procesos de control y fiscalización de precios y así luchar de forma conjunta contra la guerra económica.
El constituyente Rafael Torrealba aseguró que el sector laboral tiene un rol protagónico en la protección del salario, por lo que exhortó a una cruzada contra la especulación en todos los espacios.
La Asamblea Nacional Constituyente recibió en enero de este año la propuesta de Ley Constitucional de Protección al Salario, elaborada por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST).
Este marco jurídico contempla que los trabajadores y las trabajadoras, en sus funciones fundamentales tengan roles más activos en el control de la producción y de precios, entre otras.
Ciudad VLC/AVN/VTV
