Más de 20 millones de euros depositados en tres bancos españoles, estarían en la mira del seudo presidente de la junta ad hoc de la CVG Internacional, Enrique Castells, quien fue designado ilegalmente por el diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, según datos suministrados a través de la plataforma periodística La Tabla.

 

Castells, quien acumula un historial de hechos de corrupción durante los gobiernos de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, logró que el registro español lo colocara como administrador único de esta empresa, cuyas oficinas se encuentran en Madrid, España, de donde fueron desalojados los funcionarios designados por el gobierno constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro.

 

Además de las tramas de corrupción en las que se encuentra involucrado Castells, a través de la cuenta Twitter de La Tabla, se dio a conocer que este ex funcionario del sector aluminio bajo los mandatos de Luisinchi y Pérez ejecutó transferencias de activos a empresas privadas como Coralum y Sural.

 

A estas acciones se suma el intento de privatización de las empresas estatales de aluminio que impulso Castells en 1998.

 

A pesar del intento fallido, Castells logró años más tarde, específicamente en 2010, convertirse en el CEO de Internacional Dominican Aluminium (IDA), S.A, ubicada en República Dominicana.

 

Este conglomerado de empresas, que procesa derivados del aluminio para su exportación hacia Estados Unidos y la Unión Europea, posiblemente obtenga su materia prima en Venezuela a través de los denominados «cupos de aluminio».

 

Robo de activos de CVG Internacional

El pasado 21 de agosto de 2019 también designaron como directores de la empresa CVG Internacional Dich Souki, Fernando Goyeneche, Ricardo Echeverría y Roberto Arredondo.

 

El robo de los activos de CVG Internacional se da en el marco del reconocimiento ilegal de algunos gobiernos al proyecto de Guaidó de deponer, con la intervención de Estados Unidos, al Presidente Nicolás Maduro.

 

El proyecto intervencionista de Guaidó amparado en el manto de la ilegalidad, junto a gobiernos extranjeros que apoyan la intervención militar y las medidas unilaterales ejercidas contra Venezuela, ha logrado la confiscación de activos de empresas como Citgo en Estados Unidos y Monómeros en Colombia.

 

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Ciudad VLC/ AVN

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