Demoler la capacidad de la República para generar ingresos en divisas bajo cualquier pretexto ha sido parte del plan termita neoliberal.
Disminución de la producción petrolera, ataque a la moneda, bloqueo financiero, saqueo de bienes, contrabando; convirtiéndolas en bienes súper escasos, obligándonos a recurrir a sus bancos, fondos buitres y al FMI, esclavizándonos con una nueva deuda y reduciendo el tamaño del Estado a su mínima expresión para disolverlo.
Este es el centro del conflicto hoy en día. Un Estado dueño de los recursos naturales y obligado constitucionalmente al reparto justo y equitativo de las riquezas para generar igualdad material real de condiciones y oportunidades y las ansias desbocadas del neoliberalismo anglosionista.
Por ello nos decretaron la guerra a todos los venezolanos, la oligarquía parasitaria nacional y la corporatocracia mundial.
Pulverizaron la relación del contrato salarial destruyendo al trabajador como sujeto social, esta clase oligopólica emprende directamente su ataque contra el centro dinamizador de la economía y de la sociedad: el Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia.
La llamada inflación inducida aplicada por Fedecámaras y Consecomercio -nosotros decimos es una hiper especulación inducida- contrae el consumo matando de hambre a los consumidores, generando una contracción terrorista para satisfacer a los mercados y calificadoras.
Es el Decreto de Guerra a Muerte de la burguesía parasitaria en contra del pueblo venezolano. Síntoma del conflicto de clases entre el capital, cuyo precio es la tasa de ganancia y los trabajadores, cuyo precio es el salario.
Nuestro Estado Social y de Justicia subversivo frente a la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales, debe propugnar la igualdad jurídica siendo el instrumento de transformación social por excelencia, cuya función histórica es liberar al ser humano de la miseria, la ignorancia y la impotencia a la que se ha visto sometido desde el comienzo de la historia.
Rebelarnos frente a una clase dominante que pretende apoderarse de la conducción del Estado, y proteger a las clases dependientes que no tiene acceso a los bienes espirituales (educación), ni a los materiales (propiedad), es deber insoslayable del gobierno nacional: debe hacer posible para la clase inferior la adquisición goce y disfrute de aquellos bienes, lo cual se logra mediante una reforma política de contenido social, utilizando un conjunto de medidas y leyes que posibiliten a todos los individuos la adquisición de esos bienes a través del trabajo. Estas ideas propugnan a la armonía social como desideratum del Estado Social. (Cabrera Romero).
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María Alejandra Díaz/Constituyente
