Este martes 17 de marzo, a través de una misiva firmada por el presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano solicitó formalmente un préstamo de 5 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El objetivo es de robustecer los sistemas de detección y respuesta frente a la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 que tuvo su primer caso confirmado el 13 de marzo.
La modalidad de financiamiento que solicita el Gobierno, presentada por el canciller Jorge Arreaza, es el Instrumento de Financiamiento Rápido, muy parecido al Servicio de Crédito Rápido que ofrece el organismo financiero internacional.
Los parámetros de esta modalidad establecen la entrega del préstamo bajo ciertos parámetros de flexibilidad que abarcan varios años para el reintegro de la deuda.
Estas condiciones son establecidas bajo la premisa de que el país solicitante sufre las consecuencias de una catástrofe natural, de un shock de precios en las materias primas o problemas en la balanza de pagos, por lo que se prioriza la entrega rápida de los recursos frente a una situación apremiante.
Venezuela, como estado miembro de este organismo y dada su situación económica general, se encuadra con exactitud en las condiciones requeridas para solicitar este tipo específico de préstamo:
Sufre las consecuencias macroeconómicas de la abrupta caída de los precios del petróleo (la mayor en los últimos 30 años), lo que ha desequilibrado su balanza de pagos y ha dejado al país en un cuadro de fragilidad para pelear contra el nuevo coronavirus, calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace una semana.
A este panorama, se suman como agravante las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos desde 2015, dirigidas a paralizar y colapsar los servicios públicos del país, pero especialmente el sistema de salud a través de cortes de suministro, bloqueo a la compra de equipos y medicamentos y retención de recursos internacionales para sostener su infraestructura física.
Diferencias con otros préstamos y otras épocas
En un primer reflejo, y valorando las opciones disponibles en un tablero internacional minado por las medidas coercitivas de Washington, el Gobierno venezolano ha solicitado este préstamo al FMI para fortalecer las medidas excepcionales que se han tomado para prevenir al máximo la propagación del Covid-19 en el territorio nacional.
El propósito consiste en amplificar los esfuerzos sociales y sanitarios de contención del virus, dotando de nuevos recursos al sistema público de salud y sus redes de atención que abarcan hospitales, centros de salud primarios y los núcleos de la Misión Barrio Adentro.
Por tal motivo, la solicitud del Gobierno venezolano al FMI se da en una coyuntura específica producto de la pandemia del Covid-19.
No se trata de un préstamo vinculado a un plan de ajuste estructural que deriva en privatizaciones masivas y el austericidio.
En consecuencia difiere, en forma y fondo, del denominado “Gran Viraje” (también conocido como “Plan Económico Global”) impulsado por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) en 1989 para reorientar la economía venezolana hacia el paradigma neoliberal reinante en los dos países centrales del mundo occidental: Estados Unidos con Ronald Reagan en la Casa Blanca por un lado, y Gran Bretaña con la “dama de hierro”, Margaret Thatcher, por otro.
El plan de Pérez consistía en una terapia de shock económico dirigida a la privatización de empresas públicas, liberación de precios de productos básicos, también de la gasolina, y una reducción leonina del “gasto público” que se encuadraba dentro de los parámetros establecidos por el FMI para hacer efectivo un desembolso de miles de millones.
En esta oportunidad, la solicitud de préstamo al FMI por parte de la administración de Pérez tuvo desde el principio el cálculo de un reordenamiento económico total en beneficio del capital local y transnacional.
Éste veía en este viraje al neoliberalismo de las élites venezolanas una oportunidad de oro para comprar empresas públicas a bajo costo y expandir sus inversiones en un contexto de mayor permisividad.
Finalmente, la irrupción de las protestas sociales del Caracazo en 1989 cortó la trayectoria del plan, y en consecuencia, el desembolso del préstamo del FMI, razón por la cual las élites tuvieron que esperar hasta 1996 para aplicar algunos de los principios rectores del “Gran Viraje”, revistiéndolo como “Agenda Venezuela”, en un contexto marcado por la crisis financiera de 1994.
Atendiendo a este panorama, el periodo gris del paquetazo interrumpido de CAP y la reciente solicitud de préstamo del Gobierno venezolano en el marco de una pandemia, difieren tanto en la modalidad del préstamo, como también en la coyuntura y en sus fines últimos.
Son dos situaciones imposibles de comparar en vista de que los factores son diferentes así como los motivos.
Una kilométrica distancia separa a un CAP que puso al país en venta para enriquecer a las élites y un gobierno que, bloqueado por Estados Unidos y asediado por una guerra de cambio de régimen, toca las puertas del organismo internacional con el objetivo de fortalecer la pelea de la sociedad venezolana contra una peligrosa pandemia.
Lee el artículo completo
LEE TAMBIÉN: CLAUDIA ORSINI: «DEFENSA SICILIANA VARIANTE NICOLÁS»
Ciudad VLC/Misión Verdad
