Este lunes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno rechazó el informe de derechos humanos sobre Venezuela publicado el pasado 16 de septiembre, «elaborado por una comisión paralela e impulsada por el hostil y minoritario auto determinado Grupo de Lima, quienes el pasado año y durante el Cuadragésimo Segundo Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, impusieron este mandato cuyo principal objetivo es cuestionar al legítimo Gobierno de Venezuela y sus instituciones».
Señaló Moreno que el informe se apoyó en una írrita resolución que vulnera los principios del derecho internacional expresados en el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de los asuntos internos y la integridad territorial, e igualmente vulnera los principales pilares del multilateralismo como son el diálogo genuino y la cooperación.
Agregó que la elaboración del informe se hizo de forma unilateral y parcializada,
«evidenciándose una franca manipulación y el uso indebido del sistema internacional de derechos humanos y desnaturalizando el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elaborando un informe paralelo con la finalidad de aniquilar la verdadera imagen sobre las garantías a los derechos humanos impulsadas por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela».
El presidente del TSJ también señaló que con el informe se pretende subrogar los protocolos acordados con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en temas tan sensibles, convirtiéndose esta supuesta misión independiente, en un nuevo mecanismo de agresión que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas y unilaterales sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela.
«Tal y como se ha expresado por los distintos representantes del Poder Público Nacional, el informe, carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos promovidos de manera anónima y unilateral, incumpliéndose el principio elemental de transparencia que debe caracterizar cualquier actuación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», precisó.
Indicó que el informe no vislumbra la verificación real de la situación jurídica de los presuntos agraviados, «su labor, no fue promovida por la mayoría del conglomerado de los Estados partes de la Organización de Naciones Unidas, lo cual hace cuestionable su fuente, careciendo de la legitimidad necesaria para sostener y promover este tipo de documentos».
El Presidente del Alto Juzgado reiteró que la República Bolivariana de Venezuela, es un Estado garante de la paz y de la progresividad de derechos humanos, desde el punto de vista Constitucional no solo le otorga un papel preponderante sino que subordina toda la actividad del Estado al respeto y la garantía de estos derechos.
En ese sentido, recordó el Magistrado que por invitación del propio Jefe de Estado, presidente Constitucional ciudadano Nicolás Maduro Moros, una comisión encabezada por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha venido trabajando in situ y en coordinación con las autoridades venezolanas en labores de seguimiento y verificación de la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Al continuar refiriéndose al informe señaló:
«lamentamos esta prácticas, al margen de la racionalidad y la buena fe que rigen las relaciones internacionales entre los Estados y los organismos multilaterales como Naciones Unidas, sirvan de instrumento para tratar de entorpecer y destruir los procesos de diálogos establecidos entre el gobierno y la oposición para la resolución pacífica y democrática de sus conflictos», manifestó el magistrado Maikel Moreno.
Aseveró el presidente del Máximo Juzgado que tales acciones forman parte de una vieja estrategia de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones, «quienes han venido coordinando esfuerzos tangibles en la consolidación de una cultura de paz y de entendimiento entre los venezolanos».
Finalmente, el magistrado Maikel Moreno alertó al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que el principal objetivo de estos promotores del odio, no es otro que utilizar los derechos humanos como herramienta política, para agredir a la institucionalidad democrática.
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Ciudad VLC/ YVKE
