Este domingo 5 de enero, al parecer con un “si o si”, debería sesionar la Asamblea Nacional, para elegir la directiva del parlamento para este quinto y último año de la presente legislatura.
Quiénes sean designados primer y segundo vicepresidente, así como secretario y subsecretario no tiene mayor relevancia cuando toda la atención estará centrada en la figura del presidente del ente
legislativo.
El artículo 219 de la Constitución Nacional expresa:
El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará, sin convocatoria previa el cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y durará hasta el 15 de agosto.
El segundo período comenzará el quince de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el quince de diciembre.
Una mayoría opositora, adquirida tras los comicios del 6 de diciembre de 2015, no tendría mayor inconveniente en designar al jefe del parlamento que estará hasta el 4 de enero de 2021.
La importancia surge por la urgencia política, no sólo de Juan Guaidó, sino de toda la oposición, que viene de un año de fracasos de todos los calibres y por hechos de corruptelas, públicos y notorios, hasta los denunciados desde las propias filas de la oposición.
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Reelección de Guaidó a la AN
Son pocos los escenarios que pueden resultar de la sesión de este 5E. El “si o si”, pudiera no ser tal, porque el artículo 219 prevé la posibilidad de sesionar en una fecha posterior: el día posterior más inmediato posible.
El escenario que políticamente más le conviene a la oposición, a sus
seguidores y a sus tutores políticos y financistas internacionales, es que el actual presidente Juan Guaidó sea reelecto.
La reelección de Guaidó viene a ser el producto de aprobar un nuevo acuerdo, sobre el que se firmó a finales de diciembre de 2015.
Aquel texto arrojó, en los cinco años siguientes, este resultado:
Para 2016 Acción Democrática (AD) Henry Ramos Allup; para el 2017 Primero Justicia (PJ) Julio Borges; para 2018 Un Nuevo Tiempo (UNT) Omar Barboza; para 2019 Voluntad Popular (VP) Juan Guaidó y para 2020 para los partidos minoritarios de la oposición, muy probable que no se cumpla.
En estos 20 años de Revolución Bolivariana es mucho lo que Estados Unidos se ha jugado, tratando de revertir todas las acciones ocurridas en Venezuela desde 1999.
Sería impensable que a estas alturas, el imperio mirara hacia el otro lado y no mantenga su línea injerencista con la Patria de Bolívar.
Washington, en lo referente al 5E, no puede tener una alternativa distinta a imponer a Guaidó para su reelección, sin sopesar que para este 2020 los fracasos y las desilusiones estarían siempre presentes.
¿Qué implica que sea otro el presidente del Parlamento?
Resultó un acto grotesco, el pasado 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (arrastrando un desacato desde 2016) se auto juramentara presidente interino de Venezuela en una asamblea de calle, sin despojarse de la investidura de jefe del parlamento.
Para la presente fecha sería más que ridículo el nombramiento de un presidente de la AN distinto a Guaidó, por cuanto echaría por tierra un instrumento creado por el propio Parlamento llamado: Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El artículo 14 del citado estatuto señala:
El Presidente de la Asamblea Nacional es, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución, el legítimo Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Los actos del Presidente encargado serán sometidos al control parlamentario de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 187, numeral 3, de la Constitución.
La letra de este texto apunta que un nuevo presidente de la AN tendría que ser el legítimo Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.
Para la llamada comunidad internacional, entendiéndose como tal el Gobierno de los Estados Unidos, y los gobiernos de países que giran en la órbita que describe Washington, sería bochornoso salirse del respaldo a la presidencia de un tal Guaidó, para asumir un nuevo nombre.
Indudablemente que quienes redactaron y aprobaron el referido Estatuto creían tener la certeza que 2019 era el año no sólo de “salir de la usurpación”, sino el momento de liquidar los 20 años de Revolución Bolivariana.
De haber evaluado que estos 12 meses serían de fracasos y de acciones
ridículas, ese artículo 14 lo habrían redactado de manera diferente.
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¿Cerrar o disolver la Asamblea Nacional?
En los últimos meses de 2019 voceros opositores, y medios vinculados con el antichavismo, denunciaron que desde el gobierno se actuaba para acabar con la Asamblea Nacional y más particularmente, “impedir la reelección de Guaidó”.
Sin embargo, las acciones más graves contra la actual AN, han surgido desde el mismo seno opositor.
Las primeras acusaciones, muy directas contra Guaidó, tuvieron como punto de partida a Cúcuta.
Las denuncias de corruptelas referidas a personas designadas por el llamado interno, todavía en noviembre y diciembre tenían sus efectos que terminaron con graves declaraciones de Calderón Berti.
Luego, las acusaciones de corrupción contra integrantes de la Comisión de Contraloría destapó un vendaval de lado y lado, al punto que el propio interino anunció sanciones y expulsiones.
En esta conflagración interna salieron a relucir, entre otros diputados, Luis Parra, Luis Brito, Conrado Pérez, separados de la citada Comisión.
En el mismo forcejeo un grupo de parlamentarios opositores expuso que le habían solicitado al presidente del Parlamento una explicación sobre el destino de unos 400 millones de dólares, entregados por Donald Trump, como parte de la ayuda humanitaria.
La solicitud fue hecha por escrito y firmada por 71 diputados. Voceros y medios opositores sostienen que el Gobierno mantiene una operación en la que ofrece dinero a parlamentarios para que no voten por el actual presidente de la AN.
El quórum requiere 84 diputados
El martes 17 de diciembre en una sesión extraordinaria de la AN (en desacato) la bancada opositora logró modificar el Reglamento Interior y de Debates que permite el registro de un quórum virtual.
Así que los diputados que están el exterior y otros clandestinos pudieran
onectarse vía Skype. En esta sesión estuvieron presentes 93 parlamentarios incluyendo el sector chavista.
El desacato que arrastra la AN desde 2016 precisa que todos sus actos desde entonces son nulos, sin embargo, el TSJ se pronunció para referirse a que la modificación del reglamento es inconstitucional.
El artículo 203 de la Constitución Nacional, en su segundo párrafo, sostiene que : “Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas”.
La Constitución se refiere a integrantes presentes, por tanto el Reglamento no puede estar por encima del Texto Fundamental.
¿Qué dicen los números?
El sector antichavista dice contar hoy con 93 curules y por su parte el chavismo asoma una bancada de 51 parlamentarios, números que no cuadran, si se parte que la totalidad del parlamento son 167 diputados.
Según datos aportados por la oposición unos 27 diputados se encuentran fuera del país y otro grupo no determinado está sometido a procesos judiciales.
Se entiende que el factor opositor evalúa que si los diputados chavistas observan, que sí de ellos depende romper el quórum, este 5E, tomarían esa vía.
El número requerido de 84 no se alcanzará si los coordinados por Francisco Torrealba abandonan el salón de sesiones.
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Ciudad VLC/William Hernández
