El pueblo venezolano es el principal afectado por las medidas económicas unilaterales, ilegales y coercitivas que promueve contra el país el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, las cuales han arreciado en los últimos meses con la congelación y apropiación de los recursos financieros destinados al desarrollo social de Venezuela.

 

Pese a las constantes denuncias del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro ante organismos internacionales sobre esta situación, los recursos que pertenecen a la nación venezolana continúan bloqueados y confiscados en el exterior.

 

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La ex presidenta de Chile y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, de visita en Venezuela, reconoció el pasado 6 de marzo la grave situación social y económica en el país producto de las medidas estadounidenses.

 

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Medidas y sus efectos

Entre diciembre de 2014 y abril de 2019, el gobierno de EE.UU. ha dictado una Ley y siete decretos ejecutivos que castigan y penalizan la economía venezolana:

Bloqueo y confiscación de activos financieros

Prohibición de negociación de la deuda de Pdvsa

Aumento de Riesgo País y costos financieros

Prohibición de operaciones con oro

Confiscación de activos, como es el caso de la filial de Pdvsa Citgo

Sanciones a comercio de petróleo

Sanciones al Banco central de Venezuela (BCV)

Multas y penalizaciones administrativas al comercio.

 

De acuerdo con un informe del Ministerio para Relaciones Exteriores, las pérdidas y costos para la economía venezolana se calculan en 116 mil 376 millones de euros, producto del bloqueo.

 

 

Las acciones de la Administración Trump, además, han impedido que Venezuela negocie su deuda.

 

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«En los últimos años Venezuela ha pagado 70 mil millones de dólares de su deuda sin recibir cŕeditos internacionales», resaltó el viceministro para la Comunicación Internacional de Venezuela William Castillo durante la I Convención de Comunicación Social y las Tecnologías Libres, en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), sede Caracas.

 

El Ejecutivo venezolano ha tenido que emigrar el dinero del pueblo a bancos de países como Rusia, China, Turquía, para su resguardo, acción que también impacta en la economía y en el desarrollo de planes sociales en el país, debido a que se traducen en gastos adicionales.

 

5.470 millones de dólares de Venezuela se encuentran bloqueados en bancos internacionales, recursos destinados para la compra de alimentos, medicinas y materia prima y equipos para la industria.

 

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Fondos retenidos

De acuerdo con el informe, presentando por Castillo ante estudiantes de la UBV, hasta el 30 de abril un total 4.800 millones de dólares han sido retenidos por 9 bancos en el exterior:

Novo Banco de Portugal (1.547 millones de dólares)

Bank Of Egland, de Inglaterra (1.323 millones de dólares)

Clearstream ($ 517 millones)

Sumitomo Bank (507 millones de dólares)

Citibank (458 millones de dólares)

Unión Bank (230 millones de dólares)

Euroclear (140 millones de dólares)

BanqueEni (53 millones de dólares)

Banque Delubac & Cie (38 millones de dólares).

 

 

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Bloqueo de recursos para vacunas, alimentos y demás medicinas

En octubre de 2017, el banco de Suiza USB bloqueó el pago de recursos destinados a la compra de vacunas. Ello generó un retraso de cuatro meses en los programas de vacunación afectando severamente a la población venezolana.

 

Ese mismo año, la banca internacional bloqueó el pago de nueve millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para diálisis, situación que afectó el tratamiento de 15.000 pacientes de hemodiálisis.

 

Durante 2017 y 2018 bancos europeos y estadounidenses bloquearon operaciones financieras del Gobierno Nacional por un total de 300 millones de dólares destinados a la compras de alimentos.

 

Las pérdidas totales y costos para la economía venezolana producto del bloqueo económico, se estiman en 130.000 millones de dólares.

La cruenta guerra de EE.UU. contra la Patria de Bolívar es de tal magnitud, que han sido sancionados 40 buques de distintos países que hacen comercios con Venezuela, con el propósito de dañar a un pueblo.

 

La Administración Trump, y sus seguidores, se interesan principalmente por los recursos naturales de la nación, sin importar hacerle daño a miles de venezolanos que cada día trabajan por el bienestar común.

 

Las medidas coercitivas y unilaterales conforman una estrategia sistemática y consciente de masiva violación de los derechos humanos del pueblo venezolano y han sido catalogadas por la ONU como delitos de lesa humanidad.

 

«Es un conjunto de acciones, amplias y profundas para dañar a un país. Sólo con consciencia este pueblo puede enfrentar esta situación», resumió William Castillo.

 

 

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Ciudad VLC/AVN 

 

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