Controlar o no los precios, he allí el dilema. No controlarlos nos ha llevado a la situación actual.
No es viable un sistema donde cualquier rufián incrementa sus ganancias un millón por ciento sólo añadiendo ceros a las etiquetas de venta.
No es funcional una economía donde la principal producción es de ceros a la derecha de los precios.
Es inaceptable que un oligopolio de doce empresarios irrespete tanto oferta como demanda y regulaciones y condene a morir de hambre a treinta millones de compatriotas.
La indisciplinada emisión de precios inorgánicos, no justificados por ningún aumento de calidad, de cantidad ni de costos, sólo puede ser paliada emitiendo más dinero, que a la postre será inútil frente a la inflación de precios inorgánicos.
Saludamos el anuncio del gobierno de pautar precios acordados para unos 25 productos básicos, que quizá deberían ser más bien 250 o 2.500.
Celebramos que hayan sido detenidos algunos infractores del acuerdo de precios: si la misma medida se hubiera adoptado hace cinco años, no estaríamos como estamos.
Pero esos productos y sus cotizaciones, como sucede desde hace cinco años, se desvanecerán si no se implanta un mecanismo transparente que revele sus existencias, costos y márgenes de ganancia en cada transacción comercial.
Para ello es indispensable activar una propuesta como la del ingeniero Rafic Derjani Bayeh, en el sentido de instaurar un sistema digital universal, centralizado y transparente de administración de costos y precios, que permita tanto a las empresas como a la administración y al público determinar, en tiempo real, los activos invertidos y los beneficios obtenidos en cada transacción económica.
Para la instauración de tal sistema se requeriría algo que el contrabando de extracción del signo monetario casi ha impuesto en su totalidad: la universalización del dinero digital, cuyo movimiento para cada transacción se registraría en una factura electrónica, a efectos de que el SENIAT u otro organismo competente verifique informáticamente si cumple con los precios máximos autorizados, como condición para que el intercambio se realice.
Especifica Rafic Derjani: “La propuesta sugiere que sólo con la aprobación de la factura electrónica es con lo que se logra ejecutar el intercambio; y NO se puede concretar intercambio sin la factura electrónica”. Y añade que “Si los precios no están acordes con los máximos establecidos, o si la mercancía para intercambiar no es acorde con lo declarado en el inventario, la transacción se bloquea y NO lograría ejecutarse”.
La propuesta deriva de la simple lógica. En el mismo sentido, Carlos Lanz Rodríguez, en el grupo de tweets “Abran los libros de contabilidad” del 23 de agosto de 2918, propone, puntualmente:
“3.1. Acceso a los registros contables para establecer los costos en materia prima, maquinarias y equipos, salarios, cuota de ganancia, etc.
3.2. Radiografía del tipo de tecnología y cuota de explotación del trabajo
3.3. Caracterización del sistema de mercadeo y distribución, carteles, mafias, posición de dominio.
3.4. Seguimiento de los precios de las mercancías en el mercado, al por mayor, al detal y sus nexos con el bachaquerismo
3.5. Determinación del tipo de capital: ficticio, especulativo, grado de centralización y concentración de la propiedad.”
En otras palabras, sin información no hay control de precios, sin control de precios no hay salida de la inflación, y sin salida de la inflación perderemos todos los logros del bolivarianismo y con ellos el país.
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El conjunto de verificaciones propuestas podría parecer muy difícil durante el siglo pasado, pero en la actualidad la informática permite efectuar en tiempo real comprobaciones igualmente complejas de consultas de saldos, transferencias de cuentas, pasajes, consultas electorales, trámites y pare usted de contar.
Un sistema parecido puede y debe instaurarse para verificar de manera paralela y transparente el gasto público en todas las ramas de la administración: central, estadal, municipal, de institutos autónomos, fundaciones, empresas del Estado, comunas y todos los entes o personas que manejen fondos, subvenciones o intereses públicos.
Tales mecanismos reflotarían la economía haciendo imposibles corrupción, evasión fiscal, acaparamiento, sobreprecio, inflación, precios inorgánicos y ganancia especulativa.
A menos que prefiramos seguir como vamos para acabar peor de lo que estamos.
Luis Britto García
