El fiscal general de la República, Tarek William Saab, develó este miércoles una trama de corrupción que causó un desfalco a la nación estimado en 100 millones de dólares en la administración irregular de Pdvsa Gas Colombia.
En rueda de prensa, precisó que el daño patrimonial se produjo entre 2007-2015 con la participación activa de la gerente general de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya, quien en ese lapso manejó sin supervisión 221,9 millones de dólares.
De esa cantidad, indicó, 112,9 millones fueron generados por el convenio de suministro de combustible entre Pdvsa y Ecopetrol, recursos que no le correspondía manejar.
Saab explicó que la situación irregular fue denunciada en septiembre de 2014 y paralizada en 2016 «para extorsionar y cobrar vacuna a los señalados».
No obstante, dijo que las investigaciones fueron reactivadas en marzo de este año.
«La gerente obtuvo una tarjeta corporativa sin autorización, pagada por la sucursal, la cual usó para consumos personales por una suma que alcanza los 60 mil dólares. Con el dinero de la empresa, la funcionaria adquirió 239 boletos aéreos, entre estos dos de ida y vuelta a París, así como 73 pasajes con ruta Bogotá-Caracas-Bogotá a José Márquez, quien pasó de ser empleado a contratista de Pdvsa Gas Colombia», informó.
Agregó que esta funcionaria designó unilateralmente a un auditor externo de Pdvsa Gas Colombia, procedimiento que violó la normativa interna al emplear para ello un acta forjada de asamblea.
«El ciudadano José Márquez recibió la suma de 212 mil dólares por honorarios profesionales; además le fueron adjudicados directamente proyectos por un monto de 591 mil 540 dólares. Las experticias arrojaron que con dinero de Pdvsa Gas Colombia ambos (Moya y Márquez) viajaron a Río de Janeiro (Brasil) en 2014 durante las festividades del carnaval», detalló.
Resaltó que Moya provocó una pérdida de 3 millones 381 mil dólares al adjudicar de forma directa seis contratos a la empresa Ingeniería y Servicios Ambientales para actividades de reforestación y otros fines que no se ejecutaron.
Asimismo, señaló que realizó donaciones sin justificación por más de 288 mil dólares.
Informó que Moya pagó 1 millón 297 mil dólares sin soporte a dos abogados por servicios profesionales y antes de dejar el cargo les otorgó un anticipo de 131 mil 200 dólares.
«Esta funcionaria calculó su propia liquidación cuando fue cesada en el cargo, adjudicándose 40 mil 900 dólares adicionales a los que en realidad le correspondían, que eran 18 mil 183 dólares», expuso el fiscal.
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Pérdida operacional
Saab aseveró que en los últimos tres años de su gestión, la sucursal generó una pérdida operacional de más de 61 millones de dólares.
Destacó que por este caso se dictaron cinco ordenes de aprehensión, entre ellas contra Sarah Moya; el representante legal de las empresas Márquez Asesorías y Proyectos y Xiomar Rent SAS, José Alberto Márquez; el expresidente y el exdirector de Pdvsa Gas, Anton Castillo Bastardo y Daniel Chirinos, respectivamente; y el exgerente de finanzas de esta empresa, Luis Rangel.
El fiscal indicó que a estos ciudadanos les imputarán los delitos de corrupción propia, concierto de funcionario con contratista, tráfico de influencias, evasión de procesos licitatorios, aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación para delinquir.
Saab aseveró que Sarah Moya aparece en los Papeles de Panamá vinculada a una empresa radicada en Las Islas Vírgenes Británicas a través del bufete Mosack Fonseca, así como en la investigación por lavado de dinero en Andorra relacionada con Diego Salazar Carreño y Rafael Ramírez.
«Este tipo de delincuencia hay que perseguirla dentro y fuera del país; no tiene sentido que otras naciones los protejan», enfatizó el fiscal general.
Ciudad VLC/AVN
