Rafael Correa, expresidente de Ecuador, desestimó las acusaciones presentadas por la Contraloría General del Estado (CGE), por supuestas irregularidades de la contratación de deuda pública hechas durante su gestión (2007-2017) y cuya investigación fue ordenada por el actual presidente, Lenín Moreno.
La Contraloría General de Ecuador notificó a las exautoridades del Ministerio de Finanzas y al expresidente Rafael Correa sobre el examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa, entre el 2012 y mayo del 2017, reseñó El Comercio de Ecuador.
Pablo Celi, Contralor General del Estado, mencionó que este proceso comenzó el pasado lunes ocho de diciembre de 2017, fecha en la cual fue notificado el expresidente que pondrán en marcha una veeduría ciudadana para auditar la legalidad de la deuda pública interna y externa (negociación de contratos petroleros con empresas chinas).
Esta decisión fue tomada luego de cuatro meses de trabajo, informó el funcionario público, según reseñó El Telégrafo de Ecuador.
En la auditoría de este examen especial participarán 11 veedores “expertos” en el campo financiero y el ámbito jurídico, informó el Contralor.
Su trabajo consistirá en observar el procedimiento, la metodología y podrán aportar con observaciones.
¿Por dónde van los tiros?
En estas notificaciones se incluyen observaciones provisionales relacionadas con la declaratoria de reservada y secreta de la documentación de operaciones de deuda, con la venta anticipada de crudo que no se considera deuda pública, con la aplicación del Decreto Ejecutivo 1218, con el convenio interinstitucional entre Petroecuador y la cartera de Finanzas y con supuestas deficiencias encontradas en los archivos de documentación de las operaciones de la deuda pública.
Los funcionarios notificados podrán presentar sus observaciones y documentación de ser el caso, expresó Celi. Está previsto que los resultados de este examen se conozcan en abril.
Oposición de Ecuador busca revolver el río
Tras el anuncio del CGE, el partido de oposición Unidad Popular (UP) aprovechó para atacar con críticas a Correa por las supuestas “irregularidades” bajo su gestión presidencial y pedir a la fiscalía que se le impida salir del país, alegando que, en los contratos firmados por Ecuador con una empresa energética china durante su mandato, hubo un supuesto perjuicio para el Estado de al menos $ 2 mil millones tras la intermediación petrolera.
Medidas contra Rafael Correa son intrascendentes
Por su parte, el exmandatario aseguró el mismo día de la notificación en rueda de prensa desde Guayaquil: “Pueden pedir medidas cautelares (…) que igual no tiene ninguna trascendencia”.
Para Rafael Correa esta falsa acusación solo demuestra “la decadencia en la que ha caído el país”, porque la oposición intenta crear escándalos cuando habla de una aparente corrupción, pero, en realidad, busca “hacer un espectáculo de que hay sobreendeudamiento” y que por eso la oposición está cuestionando un decreto presidencial.
Rafael Correa va por el «NO»
Mientras la oposición carga contra Correa, éste mantiene una dura pugna política contra su sucesor en el cargo, Lenín Moreno, a quien acusa de girar a la derecha y, además, le disputa el control del movimiento oficialista Alianza País (AP).
Correa también hace campaña por el “NO” a la consulta pública (referendo), que se celebrará el próximo 4 de febrero, propuesta por Moreno, cuyo principal objetivo, según el exmandatario, es eliminar la postulación indefinida de candidatos, mal llamada reelección indefinida, entre otros asuntos.
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Ciudad VLC-Sebastián Molina/Con información de El Comercio de Ecuador y El Telégrafo.
