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La Audiencia Nacional de España aprobó este fin de semana la medida de extradición de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien es solicitada por las autoridades venezolanas por la presunta comisión de delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación.

La medida aún puede ser apelada por la defensa de Díaz Guillén ante el Pleno de la Sala, pero de no proceder, la extradición debe ser efectuada por las autoridades españolas, precisa el portal Rusia Today (RT).

Díaz Guillén, detenida el pasado 25 de abril en España, era la enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez, y aparentemente acudió al bufete panameño Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna obtenida de manera ilícita, denunció en abril pasado el fiscal general, Tarek William Saab, informa EFE.

Además de la enfermera, Venezuela ha pedido la extradición de su esposo, Adrián Velázquez Figueroa, exedecán de Chávez, aunque se trata de un proceso aparte y las autoridades no han dado información al respecto. Díaz Guillén, quien salió de su país en el 2013, poco después del fallecimiento del mandatario, también se desempeñó como tesorera y secretaria del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).

 

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Orden de búsqueda y captura

Tanto ella como su esposo aparecen en el expediente de ‘Panamá Papers’, por lo que el Ministerio Público de Venezuela emitió una orden de aprehensión con alerta roja de Interpol para ambos. En abril pasado, el fiscal general detalló que tras varios allanamientos fueron detectadas «innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito», por lo que están obligados a comparecer ante los tribunales del país.

Aunque ambos fueron detenidos en Madrid en abril, un juez los dejó en libertad días más tarde, con una medida cautelar que les impedía salir de la capital española. En ese entonces, el abogado defensor de la pareja, Manuel Varela, aseguró que el pedido de extradición era una supuesta estrategia del Gobierno venezolano para «distraer».

El mes pasado, Díaz Guillén se opuso a la medida de extradición bajo el alegato de supuesta persecución política, pero la Fiscalía española no admitió ese argumento y defendió la entrega a las autoridades venezolanas porque se cumplían los requisitos necesarios para el trámite.

La decisión de la Audiencia Nacional debe ser ratificada por el Gobierno español para tener pleno efecto y Estados Unidos también reclama a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa por lavado de dinero y corrupción, señala el portal Cambio 16.

 

Ciudad VLC/RT

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