El Ministerio Público imputó al director del Centro Penitenciario de Portuguesa, así como a cinco funcionarios y cuatro reclusos por los hechos violentos del pasado 1 de mayo, donde murieron 47 reclusos, mientras que 67 personas resultaron heridas, entre ellas, un guardia nacional que era custodio, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
En rueda de prensa, recordó que ese día los internos, obedeciendo órdenes de un líder negativo apodado «Olivo», emprendieron unas protestas por supuestos hechos irregulares durante la visita e, incluso, traspasaron la cerca perimetral del centro penitenciario, agrediendo al director del penal.
Ante ello, los funcionarios militares «no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos y optaron por hacer uso de sus armas, recibiendo respuesta por parte de un grupo de internos armados, dejando el lamentable saldo de 47 fallecidos y 69 heridos», detalló el fiscal.
Por estos hechos, fue imputado el director del penal, Carlos Graterol, «por ser cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios», indicó.
Asimismo, el MP acusó cinco funcionarios, identificados como el primer teniente Castro Malaguera, sargento primero Manuel Torres Parada, sargento mayor de tercera Rodríguez Escalona; sargento primero Almeida Gudiño y sargento primero Rodríguez García.
«A estos funcionarios se les imputarán los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder», precisó.
Mientras que cuatro reclusos fueron acusados por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas de fuego. Los mismos fueron identificados como Olivo Castillo Velázquez, Ronal Camacaro , Wilmer Romero Durán y Douglas Ramos Lucena.
Saab señaló que tras la revuelta, fueron asignados fiscales que junto a los expertos de la Unidad Criminalística del Ministerio Público, realizaron las numerosas experticias.
«Tuvimos un fiscal nacional con competencia en derechos humanos, un fiscal regional y otros cinco fiscales de apoyo», apuntó, a la vez que añadió que entre las experticias que incluyen inspección técnica, recolección de proyectiles, levantamientos planimétricos, trayectoria balística, entre otras, se identificaron a los funcionarios que dispararon contra los reclusos.
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Ciudad VLC / AVN
