El fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público, solicitó ante la jueza de control número 6 de Mérida, revisar la privativa de libertad dictada contra 32 campesinos en dicho estado.
A través de su cuenta en Twitter, Saab precisó que los campesinos fueron arbitrariamente detenidos, violentando lo establecido en la normativa legal que consagra el derecho a la tierra como un Derecho Humano.
Subrayó que el Ministerio Público “asumirá la defensa de los derechos humanos de nuestros campesinos, que sean víctimas de poderosos sectores económicos que pretenden volver a épocas superadas del latifundio”.
1) #AHORA el @MinpublicoVE haciendo suya la lucha por el Derecho a la Tierra de nuestros CAMPESINOS: solicitó ante Jueza de Control Num6 de Merida: revisión de privativa dictada contra más d 30 labrador@s: Logrando la #LIBERTAD de dichos ciudadan@s en un acto de #JUSTICIA pic.twitter.com/DXYI0ZCyFm
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 26, 2018
2) Dichos campesin@s según nuestro criterio fueron arbitrariamente detenidos, violentando lo establecido por las leyes de la #REPUBLICA q consagra el Derecho a la Tierra como un #DDHH..Ante ello manifestamos nuestra firme voluntad de enfrentar a los #TERRATENIENTES con la Ley
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 26, 2018
3) El @MinpublicoVE dentro del marco de sus competencias y facultades constitucionales, asumirá la Defensa de los #DDHH de nuestros campesin@s que sean víctimas de poderosos sectores económicos que pretenden volver a épocas superadas del #Latifundio en VENEZUELA
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 26, 2018
Desde el 16 de marzo se encontraban detenidos 32 campesinos del Sur del Lago, acusados de invadir un área de la finca La Magdalena, ubicada en el municipio Obispo Ramos de Lora en Mérida. Los campesinos cultivaban las tierras de la mencionada finca con autorización del Instituto Nacional de Tierras (INT), luego de haber iniciado un procedimiento de rescate por tierras ociosas.
Tres líderes campesinos fueron abordados por funcionarios del CICPC con supuestas órdenes de arresto. Sus compañeros se opusieron a la medida y aseguraron a los uniformados que de arrestarlos, «tendrían que llevárselos a todos», aseguró una fuente ligada al caso.
Entre los detenidos se encontraban once mujeres, una de ellas lactante de una niña de tres meses, la cual debe ser llevada varias veces al día al sitio de reclusión para ser amamantada. Además, seis adultos mayores también estaban recluidos, uno de ellos sufre una enfermedad oncológica. La privativa de libertad fue ordenada por la jueza 6ª de control de Mérida, Rosario Méndez.
El predio en conflicto tiene como supuestos propietarios a la familia Celis Aranguren, quienes acumulan otras 8 fincas en la región dedicadas a la ganadería, aunque son tierras de categoría 1 y 2 cuyo uso es para agricultura explicó el dirigente campesino Hebert Montilla.
Ciudad VLC / Con información de Últimas Noticias y La Tabla
