El gobierno de Panamá publicó este viernes la Resolución 02-018 Panamá, publicada en la Gaceta Oficial No. 28493-A del miércoles 28 de marzo de 2018, firmada por el Ministerio de Economía y Finanzas del país caribeño, donde veta y sanciona a 55 funcionarios del gobierno venezolano por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tras esta medida, Panamá se convierte en el primer país latinoamericano en aplicar sanciones directamente contra Venezuela, siguiendo los pasos de Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea.
Esta noticia, que se regó como pólvora en las redes sociales y medios de comunicación venezolanos y de otras latitudes, sirvió para generar la matriz de opinión de que esos 55 funcionarios del gobierno de Venezuela estaban involucrados en actividades ilícitas, entre ellas el consabido blanqueo de capitales.
Resulta paradójico que, a pesar de las múltiples acusaciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre un presunto mafioso y corrupto ‘Narcoestado’ ninguno de sus altos funcionarios aparezca en dichas investigaciones.
Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno panameño no ha mostrado ninguna prueba de que alguno de esos 55 funcionarios mantenga cualquier tipo de relación comercial con firmas Offshore, dedicadas a blanquear capitales.
Revisar los principales elementos de esta resolución bastaría para darse cuenta de que más que una medida sancionatoria es una estrategia mediática para desprestigiar al gobierno de Maduro y legitimar «cualquier acción» en su contra. Veamos:
Panamá apunta a donde no es…
La resolución emitida por el gobierno panameño prohíbe a 55 funcionarios del Estado venezolano y a 16 empresas nacionales realizar cualquier operación comercial y/o financiera en el país del istmo, por ser “considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Es decir, el gobierno panameño le está diciendo a sus empresarios que no pueden establecer relaciones comerciales con alguno de estos 55 funcionarios; pero en ningún momento indica que los funcionarios del gobierno venezolano tengan propiedades, firmas Offshore o laven dinero en Panamá, simplemente es una «advertencia». ¿Raro no?
Pero también resulta extraño que estas «advertencias» a los empresarios panameños sea únicamente contra los funcionarios venezolanos, pero no contra otras personalidades mundiales embarradas hasta el cuello en el blanqueo de capitales con firmas fantasmas.
Quienes sí aparecen en esas firmas en Panamá y en otros paraísos fiscales son, por ejemplo, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el dictador brasileño Michel Temer, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la reina de Inglaterra, el cantante Bono de U2, Madonna, el político venezolano Julio Borges o unos cuantos medios de comunicación privados de Venezuela… por solo citar algunos de los personajes que sí aparecen vinculados con los denominados Paradise Papers, una investigación aún más profunda realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que, además de Panamá, investiga firmas Offshore en países como las Bermudas, Singapur, Malta, Barbados o las Islas Caimán.
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Pero resulta paradójico que, a pesar de las múltiples acusaciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre un presunto mafioso y corrupto ‘Narcoestado’ ninguno de sus altos funcionarios aparezca en dichas investigaciones.
Grupo de Lima, TSJ en el exilio y Trump: un coctel peligroso…
Esta resolución del gobierno de Panamá contra 55 funcionarios y 16 empresas venezolanas se produce en el contexto de las sanciones europeas y estadounidenses contra nuestro país lo que evidencia un complot internacional para derrocar al presidente Maduro y exterminar cualquier atisbo de izquierda en la región.
Trump no quiere nada que huela a izquierda y su gobierno se ha centrado en eso. Ya cayeron Brasil, Argentina, Ecuador y Honduras con gobiernos que se han arrastrado a los intereses hegemónicos de EE.UU. Pero falta Venezuela.
Panamá argumenta su resolución en que forma parte del Grupo de Acción Financiera para América Latina (Gafilat) para combatir el lavado de dinero, pero además sostiene que su decisión está respaldada en la Declaración de Lima, que propone una serie de medidas injerencistas contra el gobierno venezolano. Por ahí van los tiros.
La República de Panamá, el 8 de agosto de 2017, participó de la reunión internacional del Grupo de Lima, instancia multilateral donde los países americanos emitieron la Declaración de Lima, con el objetivo de dar seguimiento y manifestar sus consideraciones en cuanto a la crisis política, social y humanitaria de Venezuela, así como a la debida identificación de las personas políticamente expuestas de este país
Panamá integra el llamado Grupo de Lima, compuesto por 14 países de la región que se oponen al gobierno de Caracas, por lo que no es de extrañar que las acciones emprendidas desde este grupo estén dirigidas a intentar socavar desde las bases al gobierno del presidente Maduro como forma de debilitarlo políticamente y mostrarlo ante el mundo como un Estado forajido, corrupto y que, dicho sea de paso, un gobierno que financia al terrorismo y que podría poseer, fabricar o comerciar armas de destrucción masiva… ¿Intervención militar en puertas al mejor estilo de Siria, Irak o Libia?
El listado, publicado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), está conformado por 55 personas naturales y 16 jurídicas.
Panama Papers, en español papeles de Panamá, es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte. Ninguno de esos funcionarios era de Venezuela, aunque sí aparecían políticos opositores como Borges, Capriles Radonski o Leopoldo López.
Y aparece el TSJ chimbo…
Aquí es donde comienza a entrar en escena el denominado TSJ en el exilio. Este grupo de 30 magistrados ilegítimos que se encuentran en el exterior, apoyados por EE.UU., Panamá, la OEA y el resto del Grupo de Lima.
Según el «presidente» del TSJ chimbo, Miguel Ángel Martín, en declaraciones a El Nacional indicó: «Tenemos un plan de acción que está dirigido a desarticular el crimen organizado instalado en el régimen e impuesto desde Cuba, y que se creó para subvertir la democracia en América Latina. Vamos a establecer el piso jurídico para el retorno a la democracia en Venezuela. Los temas que vemos están relacionados con violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, corrupción grave, que son los que encuadran dentro de la convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado».
Asimismo, Martín aseguró que podrían «ordenar la captura internacional de Maduro», basándose en el apoyo internacional de organismos como la ONU, la OTAN, la OEA de Almagro, el Grupo de Lima y el Parlamento Europeo.
Este cantinflérico y supuesto «TSJ en el exilio» habría citado a Maduro el 3 de abril en Bogotá a fin de comenzar un proceso que según dicen es resultado de una acusación de la «fiscal en el exilio», Luisa Ortega Díaz.
Aunque al principio esta situación -casi que irreal- pueda causar mucha risa, no puede obviarse o tomarse como una de las tantas mamarrachadas que ha montado la MUD en este tiempo, ya que este paso podría determinar un «antejuicio de mérito» (por supuesto ilegal) y una destitución (ilegal y espúrea) contra Maduro, pero que, apoyada desde los medios de comunicación y organismos multilaterales podrían llevar a la instalación de un «Ejecutivo en el exilio».
Un Maduro «prófugo y perseguido» por sus crímenes y los múltiples casos de corrupción (como los de Panamá, sin pruebas) y un nuevo presidente en el exilio -apoyado por EE.UU., la Unión Europea, el Grupo de Lima y la ONU- serían la excusa perfecta para una intervención militar en nuestro país, tal como se fue fraguando en Siria con la creación del «CONSEJO SIRIO EN EL EXILIO» ¿Les suena conocido?
Por esta razón, figuras como Borges y Ledezma -que sí aparecen en los Paradise Papers en Panamá- luchan por brillar ante los gobiernos contrarios al proceso. Se están candidateando como los posibles «presidentes en el exilio» rumbo a una intervención.
Ambos dirigentes opositores ya están fuera del país y sacaron a toda su familia hacia Europa, como preparándose para lo peor. Soplan vientos de guerra desde el norte, y tenemos que estar preparados.
Los 55 sancionados por Panamá: pic.twitter.com/rLOZTXdwwh
— Marcos G Morin Aguirre (@Mmorin_informa) March 30, 2018
Ely Reyes/Ciudad VLC
