Tras los hechos ocurridos en la embajada de México en La Paz, Bolivia, el gobierno de facto de Jeanine Áñez ordenó la expulsión de la embajadora mexicana y del personal diplomático español acreditado en Bolivia. La decisión fue informada por la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric.
Por su parte, Áñez explicó en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno que su Ejecutivo «ha decidido declarar personas non gratas a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado; a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero; al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados».
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La decisión adoptada por el Ejecutivo de la presidenta de facto Áñez incluye un plazo de 72 horas en el que los funcionarios mencionados deberán abandonar Bolivia.
