Nelson Bocaranda no pudo desmarcarse de acusación de «espía de EE.UU», tras ser denunciado recientemente, con pruebas fidedignas, presentadas por el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada.
Aunque el periodista venezolano intentó salir ileso de dicha acusación, olvidó negar que el documento emitido por la Embajada Británica lo califica como «protegido».
Por ende, lejos de desmarcarse de lo que muestran las evidencias, ofreció un recuento de su libro El poder de los secretos, viajes entre Caracas y Nueva York, durante varios fines de semana en 1981-1982, el costo del pasaje y su trayectoria periodística en diversos medios del país.
Bocaranda nunca desmiente ser un periodista de investigación protegido por gobiernos externos, a los que brinda información relevante de su país y deja de lado lo que todo periodista debe tener: ética.
Olvidó que el Código de Ética del Periodista señala en su Capítulo VI, artículo 42, que los profesionales de la comunicación en Venezuela «tienen el deber insoslayable de defender la soberanía nacional y la integridad territorial».
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Red de agentes periodistas
La práctica desempeñada por Nelson Bocaranda, puede revelar una red de agentes-periodistas que se cubren bajo una falsa “credibilidad y seriedad” para atentar contra la integridad territorial del país y sus instituciones. No es la primera vez que ese periodista enfrenta una acusación.
En su columna Runrunes sostuvo: “Mi pecado sería entonces que mi columna, mis Runrunes, mis escritos, sean tan leídos que hasta el embajador de los Estados Unidos los lea. No es mi culpa que tenga credibilidad por la seriedad de mis fuentes”.
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, quien además es comunicadora social, exigió al Colegio Nacional de Periodistas un pronunciamiento sobre el caso Bocaranda.
Esta instancia no se ha pronunciado pese a que mostraron pruebas que presuntamente constituyen una violación al Código de Ética del Periodista, y al Artículo 128 de la Constitución, que establece:
“Cualquiera que, de acuerdo con una Nación extranjera o con enemigos exteriores, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años”.
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CIUDAD VLC/VTV
